MADRID -- La muerte de Francisco Romero Taboada, 'ultra' del Deportivo la Coruña, a consecuencia de los golpes recibidos en la pelea que tuvo lugar en las inmediaciones del Vicente Calderón, ha puesto presión a las autoridades españolas y a los clubes de Primera División para erradicar a los grupos radicales de los estadios.
La Comisión Nacional Antiviolencia convocó a una reunión extraordinaria para esta mañana. A ella acudieron representantes del Atlético de Madrid y el Deportivo la Coruña, Ministros de Gobierno, así como las autoridades del Ayuntamiento de Madrid y representantes de las fuerzas de seguridad nacionales y locales.
Más de dos horas tras puertas cerradas para llegar a una conclusión: es necesario "expulsar" a los grupos violentos de los estadios.
Para ello se realizó una "propuesta que proviene fundamentalmente de la LFP", y según explicó el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, que consiste en "elaborar una lista de grupos ultras para expulsarlos del futbol, para que quien colabore con radicales sea sancionado con extrema dureza" y que será llevada al Congreso de los Diputados luego de que el próximo jueves se celebre una reunión en la que participarán las Comisiones Delegadas y Juntas Directivas de la Federación Española de Futbol y la Liga de Futbol Profesional en la que se definirán los detalles de la misma.
"Existe la determinación de expulsar a los grupos ultra y su entorno. Nos comprometemos a ello y vamos a darnos un plazo para acabar con ellos", dijo el Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, en una rueda de prensa celebrada la mañana del lunes en Madrid, sin especificar el método o dar una fecha exacta de cuándo se pondrán en marcha las nuevas medidas.
Entre las propuestas realizadas a la Comisión Antiviolencia, figura el cierre parcial de las gradas, un modelo que ya ha sido adoptado por la UEFA para encuentros internacionales, y la promoción de denuncias por "violencia verbal" en los estadios para lo que se estudia abrir una línea telefónica especial.
De acuerdo a datos de un estudio policial publicado por el diario El Mundo, en España existen más de 10,000 afiliados a grupos de seguidores 'ultra' de distintos equipos de futbol y que por regla general están asociados a ideología neonazi o de extrema izquierda.
Como consecuencia, los enfrentamientos entre grupos violentos de ideología opuesta con el futbol como pretexto han sido un problema que aqueja al país desde mediados de los 80s, cuando empezaron a surgir los grupos de animación llamados radicales.
Desde 1982 han muerto nueve personas a consecuencia de estos enfrentamientos. La última víctima, Francisco Javier Romero Taboada, apodado el Jimmy, de 43 años de edad y padre de dos hijos, quien según reportan los medios gallegos, pertenecía a la fracción más radical del grupo Riazor Blues.
Ayer, los responsables del Deportivo la Coruña y el Atlético de Madrid insistieron en que lo ocurrido a escasos 500 metros del Vicente Calderón "no tiene nada que ver con el futbol". Enrique Cerezo, presidente del cuadro colchonero, incluso llegó a calificar el hecho de "accidente", mientras el técnico Diego Simeone lo atribuyó a "un problema social, no del futbol".
Por su parte, el Consejero Delegado del Atlético de Madrid, señaló en entrevista con la cadena radiofónica Cope que "yo no soy quién para disolver el Frente Atlético". En tanto, el Deportivo la Coruña realizó un "parón" en el entrenamiento de esta mañana en memoria del aficionado fallecido.
Según reportó la prensa gallega, jugadores, miembros del cuerpo técnico y algunos empleados del club se concentraron en el centro del campo para guardar un minuto de silencio.
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Vamos a elaborar una lista de grupos ultras para expulsarlos del futbol, para que quien colabore con radicales sea sancionado con extrema dureza
"-- Propuesta de la LFP
Sin embargo, conforme fueron saliendo los detalles de la pelea a la luz, miembros de ambos clubes comenzaron a exigir "castigos ejemplares", desde uno de los capitanes del Depor, Alex Bergantiños, quien señaló que "si los implicados son socios (del club), hay que expulsarlos. No merecen estar en Riazor", hasta el Consejero Delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, quien luego de ser duramente criticado por las declaraciones emitidas el domingo, dijo este lunes a los medios oficiales del club que "esta gentuza no tiene cabida en el fútbol. Sólo espero que identifiquen a los responsables y no puedan repetir actos tan lamentables como éste", si bien se mantuvo firme en deslindar los hechos del mundo del futbol.
"Eso no es futbol, no tiene nada que ver. Es una vergüenza y es lamentable. Vamos a escuchar a la Policía y a la Administración y valorar cuáles son las medidas que se pueden tomar más allá de las que ya hemos tomado, que son muchas", dijo a la página del club.
AUTORIDADES SE MIRAN UNOS A OTROS SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD
Deslindados los clubes de la responsabilidad, tocó a las autoridades y fuerzas de seguridad rendir cuentas.
El Secretario de Seguridad del Estado, Francisco Martínez, pidió "cautela" al tratarse de una investigación que "continúa abierta", pero lo que sí pudo revelar fue que, hasta el momento, se han realizado 21 detenciones "12 (detenidos) vinculados a los Riazor Blues, seis con el Frente Atlético, dos con los Bukaneros del Rayo Vallecano y uno con los ultras del Alcorcón (Alkor Hooligans) y dejó ver que podrían realizarse más arrestos, pues han identificado ya a otras 90 personas como participantes en la pelea.
Sin embargo, el papel de las fuerzas de seguridad ha sido cuestionado por la sociedad civil, pues impera la noción de que la Policía Nacional tenía conocimiento de la "quedada" entre los dos grupos radicales y pudo haber prevenido la tragedia, en primera instancia, declarando el encuentro como "de alto riesgo", cosa que no se hizo.
Según diversos reportes, la Policía Nacional estaba al tanto de que los miembros del Frente Atlético habían quedado "para desayunar" a las 7:00 AM del domingo, detalle al que no dieron mayor importancia pues las autoridades madrileñas "no fueron notificadas" de la posible asistencia del grupo ultra del Depor.
"La Policía no estaba alertada ni de que venían esos autobuses ni de que hubiera una quedada con ultras de otros equipos", declaró Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno de Madrid, algo que ha repetido hasta la saciedad desde que terminó la reunión matinal.
Según relató Francisco Martínez los ultras habrían "alquilado un autobús fuera de la provincia (de La Coruña) para eludir el control policial", razón por lo que la policía madrileña no preparó un dispositivo de seguridad. Y es que de haberse declarado partido de alto riesgo, se habrían asignado 1,500 elementos de seguridad en lugar de 160 y se habría interceptado la comitiva de los Riazor Blues antes de que entraran a la ciudad.
Sin embargo, desde Galicia, el Deportivo la Coruña asegura que habría avisado a la policía que "al menos un autobús" del grupo ultra viajaba a Madrid mientras el Comité Federal Territorial del Sindicato Unificado de Policía de Galicia emitió un comunicado en que asegura haber alertado a las autoridades capitalinas.
"Los funcionarios encargados de remitir la información relativa al desplazamiento de aficionados desde La Coruña la enviaron en tiempo y forma a la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, a través de la Comisión Nacional del Deporte", señaló la SUP, que aseguró haber remitido dicha información, que advertía del viaje de al menos 50 radicales a Madrid, el jueves pasado, cuatro días antes de la pelea.
Aún así, Francisco Martínez defendió la gestión de las autoridades madrileñas, pues al no existir antecedentes de enfrentamientos entre los aficionados de ambos equipos en los últimos seis años "no se pudo declarar como partido de alto riesgo". En otra línea de investigación se buscará al responsable de haber vendido las entradas a los cerca de 50 miembros del grupo ultra coruñés que viajó a Madrid, aunque todo apunta a que habrían sido obtenidas a través de la Federación de Peñas del Deportivo La Coruña.
Aunque de momento nadie ha asumido la responsabilidad, Cristina Cifuentes admitió que han "existido fallos en seguridad y aseguró haber pedido "un informe por escrito" antes de presentarse ante el Congreso de Diputados a dar explicaciones de los hechos en la reunión que ha solicitado el Consejo Superior del Deporte a los parlamentarios.